¿Cómo movilizar y fortalecer la participación popular?

 

Si bien la experiencia que se resume a continuación es puntual, consideramos que podría servir como un ejemplo para mirar la política de otra manera, dejar de ver a los “políticos” como los únicos actores principales y entender qué está haciendo la sociedad civil para construir ciudadanía, conciencia ambiental, etc., y a partir de ello encarar lo que están haciendo quienes ocupan hoy los espacios de poder. Es pues un análisis de coyuntura hecho mirando la política desde otro lado y a partir de otras vivencias.

En medio de las dificultades que atraviesa nuestro país, surgen espacios que ofrecen esperanza y caminos hacia un futuro mejor mostrando desde su vida cotidiana experiencias y prácticas que constituyen otras maneras de concebir la vida en colectividad. Uno de ellos, por ejemplo, es el trabajo en laboratorios de innovación urbano-ambiental en barrios de escasos recursos y en las escuelas que allí funcionan.

Mientras el Estado se concentra en construir infraestructura escolar en colegios medianos y grandes, otra vía para fortalecer la democracia es impulsar procesos participativos con comunidades y estudiantes de barrios pobres o muy pobres para mejorar su educación. Esa es una respuesta de acción paralela y simultánea a análisis de coyuntura que en muchos casos quedan restringidos a debates entre especialistas, sin impacto real en la comunidad. Estas iniciativas, fuera del mundo de “la política de los políticos”, palpitan a diario y son una forma de toma de conciencia ante los sucesos de la coyuntura pues involucran a autoridades locales, organizaciones barriales, jóvenes líderes y a la comunidad educativa, logrando con su desempeño soluciones ajustadas a las realidades territoriales y no a planes burocráticos o debates que para muchos son abstractos sobre el autoritarismo, la democracia y el desinterés por la calidad de vida de las y los peruanos.

En Lima Sur, por ejemplo, se ha conformado el grupo Guardianes de Lima Sur, que busca asumir un rol de liderazgo en la mejora urbana. Pese a limitaciones de infraestructura y recursos presupuestales, decenas de jóvenes de barrios como Halcón Sagrado, Vista Alegre y Héroes del Cenepa participan activamente, liderando ejecuciones de obras y diseños. Motivan a otros grupos de mujeres y jóvenes a sumarse. Los planes maestros no quedan en el papel: se concretan en intervenciones ecoamigables en colegios como el Peruano Canadiense, Juan Carlos de Borbón, República Alemana y Nuevo Progreso. Estos barrios de Lima Sur han logrado una alta participación de estudiantes y docentes a través de faenas voluntarias coordinadas entre barrios y escuelas. Repercuten también, qué duda cabe, en movilizaciones, reclamos y marchas que se hacen para demandar cambios y más recursos. Fuera de las luces de la llamada gran prensa y los medios masivos de comunicación, constituyen espacios en los que se forman, de a poco, nuevas alternativas de organización, de poder y de conciencia que seguramente se expresarán con sorpresa en los escenarios oficiales cuando irrumpan más adelante.

Estas experiencias no son poca cosa: fortalecen efectivamente el empoderamiento de mujeres y adolescentes que, al arborizar, crear huertos o proteger muros de contención, aportan a la resiliencia barrial frente al cambio climático y la indolencia gubernamental. Además –y esto es muy importante– impulsan el liderazgo de mujeres organizadas, en especial señoras de comedores populares, quienes han logrado fortalecer sus capacidades en agricultura ecológica, salud comunitaria y gestión ambiental, como una nueva manera de mirar la política, convirtiéndose en actores clave de la transformación barrial sostenible.

En paralelo, se desarrollan talleres replicables en distritos como San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, ampliando progresivamente la red de comunidades organizadas y comedores populares. Es decir, reconstruyendo el tejido social deteriorado por el abuso, la desconfianza y la frustración que han traído las formas de hacer política, de buscar y de ejercer el poder en nuestro país a todo nivel.

Los jóvenes, por su parte, actúan como facilitadores intergeneracionales, acompañando a las mujeres –que pueden ser sus propias parientes– fortaleciendo lazos comunitarios que apuestan a nuevas formas de entender la sociedad, sus derechos y las obligaciones del Estado con la sociedad concreta que ellos constituyen en sus barrios e instituciones. No es poca cosa. Así, las experiencias barriales –que al inicio parecen aisladas– se enlazan, multiplican y consolidan redes de trabajo comunitario y ambiental que no están escritas en el papel: son realidades dinámicas que demandan derechos y exigen la participación del Estado –sectorialmente o desde el municipio– para la solución progresiva de sus problemas diarios, de resolución de sus carencias, elementales como la falta de agua potable y de sistemas de desagüe y otros servicios públicos urbanos. Lo hacen como ciudadanas y ciudadanos. Esto les permite contrastar y evaluar desde sus propias experiencias el rol que cumplen quienes ocupan actualmente los poderes del Estado (ministerios, Congreso, Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, fiscalías, etc.).

Por eso, cuando se ve cómo se fortalecen capacidades en agricultura urbana, gestión de residuos y econegocios escolares, con participación activa de docentes y voluntarios de colegios, por ejemplo, el entusiasmo demostrado por estudiantes y maestros confirma que la educación ambiental tiene gran potencial de réplica a bajo costo y de movilización de la sociedad. Se involucra a toda la comunidad educativa en temas que les atañen directamente, sin mediaciones y análisis más complejos para entender qué hay que hacer para acabar con una situación generalizada de políticos corruptos, autoritarismo y combatir el maltrato a los más pobres.

 

  

desco Opina - Regional / 29 de agosto de 2025

descoCiudadano

Una maquinaria de largo plazo en acción

 

La difusión de una encuesta reciente ha causado alguna sorpresa. Rafael López Aliaga, alcalde de Lima y dueño de Renovación Popular, aparece por primera vez encabezando las preferencias electorales con 10%, seguido por Keiko Fujimori, Carlos Álvarez y César Acuña con 8%, 6% y 3% respectivamente. Entre enero y agosto la candidata naranja perdió cuatro puntos, mientras el alcalde de Lima, al ritmo de sus influencers y sus trenes, ganó 6.  La medición mostraba también que 58% definitiva o probablemente no votaría por Fuerza Popular, 55% no lo haría por Perú Libre y 54% por APP. Lo que los titulares y los comentarios de la encuesta dejaron en segundo plano, es que entre enero y agosto, el voto blanco, viciado, ninguno o no precisa, creció 7 puntos, llegando a 51% –67% en el nivel socio económico E y 57% fuera de Lima–, vale decir derrotando a todos los candidatos.

Como foto instantánea, la medición adelanta la importante probabilidad del antivoto dando paso en abril del próximo año a una elección en la que, al ausentismo, que puede crecer, se sumarán el pragmatismo de corto plazo y, seguramente, la resignación de sectores del electorado. La gente tiene claro quiénes manejan el Congreso de la República y gobiernan el país con la subordinación complaciente de Dina Boluarte, preocupada centralmente por asegurar su impunidad.

Mientras sectores de la opinión pública se distraen con las encuestas, la coalición autoritaria que gobierna avanza sin tregua, consolidando una maquinaria que camina, cree que imparable, en la consolidación de sus intereses. La elección de la presidencia de las comisiones del Congreso fue una pieza más de la repartija a la que nos han acostumbrado; muchos de los congresistas hoy en esa función, enfrentan investigaciones fiscales, denuncias penales o directamente carecen de preparación, mientras que otros enfrentan cuestionamientos por su trayectoria política y sus antecedentes personales. Así, uno de los denominados “Niños”, indagado por corrupción en el gobierno de Castillo, preside la comisión de Ética; una parlamentaria, invasora de varios espacios públicos para ampliar sus propiedades, lidera la comisión de Vivienda, mientras un congresista, promotor de la prolongación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 2026, lo hace en la de Energía y Minas.

La mandataria firmó con entusiasmo y alentada por su ministro de Agricultura la nueva Ley Agraria, la ley Chlimper 2.0 en julio, aprobada por el Congreso que, por diez años, reducirá el Impuesto a la Renta de las grandes agroexportadoras y cambia las reglas del agua, permitiendo que las asociaciones de usuarios realicen “transacciones con terceros” del excedente que ahorren, sin intervención de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), debilitando el control público sobre un recurso que es patrimonio de la Nación. El regalo que nos cuesta 20 000 millones de soles beneficia especialmente a Camposol, Complejo Agroindustrial Beta, Danper Trujillo, Agrícola Cerro Prieto, Sociedad Agrícola Drokasa, Ecosac Agrícola y Agrovisión Perú, a las que se suman industrias del sector vitivinícola como Santiago Queirolo y Bodegas y Viñedos Tabernero).

Más grosero aún, Boluarte promulgó con satisfacción una ley que otorga amnistía a miembros de las fuerzas de seguridad y comités de autodefensa por crímenes graves contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno (1980-2000) y permite la liberación de condenados mayores de 70 años. Su entusiasta abrazo con el grupo Colina desnudó su pobre humanidad y aparecía comprando su impunidad y pagando los servicios de quienes dispararon contra civiles desarmados, defendiendo su régimen.

Todo esto como parte de un espectáculo donde el Congreso, ahora liderado por Fernando Rospigliosi pretende duplicarse el sueldo, y quien se piensa mandataria, continúan con su hostigamiento al Ministerio Público, su afán por recortar la autonomía judicial, su decisión de acabar con la posibilidad de elecciones competitivas, y el desprecio abierto que muestran por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Un espectáculo donde todas las piezas funcionan en la misma dirección: un Tribunal Constitucional que blinda a la señora, una Junta Nacional de Justicia que evapora 1200 expedientes, un gobierno y congresistas que resultan patrioteros tras los despropósitos de Petro y se desentienden de las responsabilidades que les tocan por el abandono de Santa Rosa y de nuestras fronteras en general.

Las cosas son más duras aún. La maquinaria que avanza, busca instalarse en el largo plazo. Más allá de las ambiciones puntuales que separan a sus integrantes, antes que grandes diferencias, que explican el posicionamiento «opositor» que buscan López Aliaga y sus secuaces para afirmarse como la futura cabeza de la misma coalición autoritaria de hoy, comparten ese como interés fundamental. Si cabe alguna duda sobre aquel, basta mirar el programa tentativo del CADE Ejecutivos 2025, con el claro nombre de “Firmes en la acción ¡por la patria! Porque liderar hoy es una responsabilidad ineludible”. Más allá de los temas, lo impresionante es el reparto. No podía ser muy distinto, siendo la presidenta del evento María Isabel León, exresponsable del plan de gobierno en educación y vocera del fujimorismo en la materia el 2016.

Desde Javier Milei, el presidente argentino, y Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular español, pasando por el parlamentario platense del Partido Libertario Bartolomé Abdalá, hasta Axel Kaiser, activista de derecha y presidente de la Fundación para el Progreso (Chile), la extrema derecha global dice presente y evidencia la actividad de sus redes y fundaciones en la región. Con ellos, lo más rancio, pero también lo más duro de nuestra derecha. Abogados como Humberto Abanto, Natale Amprimo y Aníbal Quiroga ocupándose de la seguridad jurídica y la justicia para los peruanos. Militantes de la Coordinadora Republicana y columnistas de Lampadia repartidos en los distintos paneles, Francisco Tudela y Juan Claudio Lechín ocupándose del impacto de la geopolítica en las próximas elecciones. Obviamente, también en protagónicos papeles Aldo Mariátegui y Fernando Rospigliosi.

Más allá de la apariencia del CADE, todo indica que la maquinaria de la derecha se mantiene anclada en la cultura patrimonial, racial y mercantil que la caracteriza. Que seguirá respondiendo a pactos informales y a la exclusión sistemática de las grandes mayorías para mantener cerradamente su espacio, preservar sus privilegios y administrar el Estado a su servicio, con la violencia que crea necesaria.

 

desco Opina / 22 de agosto de 2025

¿Dónde están las y los candidatos?

 

Estamos en un año electoral previo a las elecciones generales, ello es evidente; sin embargo, en la selva central del país hay una prioridad por la promoción de las candidaturas a las alcaldías y a los gobiernos regionales, a pesar de que cronológicamente esas elecciones son posteriores, en octubre de 2026.

Según el cronograma electoral, el 1 de setiembre de 2025 será el último día para que los partidos políticos informen a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sobre la modalidad de las elecciones primarias que implementarán. Era de suponer entonces que, al faltar menos de un mes, las precandidaturas a senadores y diputados ya se hiciesen visibles; sin embargo, esto no ocurre, evidenciando un posible desinterés en esta parte del país sobre estos comicios. De los 43 partidos políticos hábiles para postular, aun en alianzas, no todos cuentan con cuadros políticos “candidateables” a nivel regional, y los que existen están priorizando postular a los cargos regionales o provinciales; así, resulta un misterio conocer quiénes ocuparán los lugares de las listas al Congreso.

Hay que tener en cuenta que en las elecciones generales del 12 de abril del 2026 los partidos que no alcancen al menos cinco por ciento de los votos válidos a nivel nacional o si no logran asegurar la elección de al menos cinco representantes al Congreso en más de una circunscripción electoral, no sólo serán excluidos de la asignación de escaños, sino que perderían la inscripción de su organización política, por lo que no podrían lanzar candidaturas a gobernadores o alcaldes. Si una agrupación política pierde la inscripción, de nada servirá que los actuales aspirantes a los sillones regionales o municipales estén preocupados en cargar bebés y besar abuelitas, porque todo ese trajín puede no servirles para nada. No se requiere ser pitoniso para señalar que luego de los resultados de las elecciones generales del 12 de abril del 2026, de los 43 partidos políticos hábiles, a lo sumo solo unos diez de ellos sobrevivirán con inscripción. Dicho esto, muchos candidatos a las alcaldías y gobiernos regionales como en el caso de la región Pasco, podrían quedarse con los “crespos hechos” y sin partido hábil que los mantenga en carrera por los sillones municipales.

El número de postulantes al Congreso no es nada bajo, por lo que llama la atención el poco interés que se hace visible en las localidades de la selva central. Al confirmarse las cinco alianzas electorales, se tendrían que conformar 37 listas, por lo cual se requeriría cubrir 2220 postulantes a senadores (60 x 37) y 4810 candidatos a diputados (130 x 37); además de los 555 (15 x 37) postulantes al Parlamento Andino. Todo esto nos da una cifra de candidatos bastante alta: 7565. No será raro encontrar candidatos que desconozcan que han sido incorporados a las listas, tal como ocurrió en las elecciones generales del 2021, ya que los partidos buscarán completar apresuradamente sus listas congresales aun de manera forzada.

Es evidente que en las dos últimas décadas existe mucho desprestigio entre quienes ostentan puestos congresales, y es probable que ello influya en el poco interés de la población por esas postulaciones. Mientras tanto, las calles de varias localidades de la selva central empiezan a llenarse de anuncios con candidaturas a los gobiernos regionales y las alcaldías, a pesar de que hasta el momento no se ha definido la fecha para esa elección de finales del 2026. Lo cierto es que las y los ciudadanos de todas las regiones del país desconfían de aquellos que aparecen cada cinco años prometiendo solucionar las problemáticas locales, tal y como dice un viejo tango “yo sé que ahora vendrán caras extrañas, con su limosna de alivio a mi tormento”. Esperemos que en las próximas semanas la situación cambie, porque de lo contrario, al desconocerse a los candidatos a senadores y/o diputados, el destino del voto será muy incierto e irremediablemente, se elegirá a unos perfectos extraños que nos darán más de lo mismo.

 

desco Opina – Regional / 18 de agosto de 2025

descocentro

Tiempo electoral y timing político en escenarios vacíos

 

En su último mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, la presidenta Dina Boluarte omitió públicamente el tema de las elecciones generales de 2026, a pesar de que estaba incluido en el texto original de su discurso. De las 97 páginas que conformaban el documento, Boluarte leyó hasta la página 81, desde donde saltó directamente a la 96 para leer una carta del papa León XIV y cerró con palabras personales, dejando sin leer 13 páginas que abordaban algunos temas importantes, entre ellos el proceso electoral.

De esta manera, en los últimos 30 años, Boluarte es la única mandataria que ha dejado de referirse explícitamente a las elecciones generales en su último mensaje a la Nación por Fiestas Patrias. Trascendió que el texto omitido, contenía la siguiente reflexión sobre el proceso electoral que se avecina:

“Uno de los desafíos de este último año de gestión es garantizar elecciones libres, transparentes e incuestionables, proceso en el cual mantendremos absoluta neutralidad, pero siempre vigilantes del desarrollo de los comicios. En esa línea, me permito invocar a nuestros ciudadanos a evaluar con responsabilidad el destino de su voto y elegir al futuro presidente o futura presidenta y futuros representantes que nos garanticen el respeto al orden democrático, la institucionalidad y el futuro de la patria”.

¿Por qué es relevante esta omisión? El 2026 será un año electoral doble: se celebrarán elecciones generales (Presidencia, Congreso bicameral, Parlamento Andino) y elecciones regionales y municipales. En suma, se elegirán más de 13 000 autoridades durante el año.

Recordemos que la última vez que elegimos un Congreso bicameral fue en 1990, lo que significa que aproximadamente 65% de la población electoral del país lo hará por primera vez. En esa línea, todo indica que muchos votantes no conocen aún las funciones diferenciadas entre el Senado y la Cámara de Diputados; tampoco que el Senado tendrá el mayor poder legislativo, incluyendo la aprobación de tratados, decretos de urgencia y nombramientos de altos funcionarios. Menos aún que estos cambios podrían reconfigurar el equilibrio de poderes y abrir nuevas dinámicas de representación política.

Bajo estas consideraciones, la omisión de Boluarte genera suspicacias, ya que, en un contexto de nula aprobación de la mandataria y una alta tendencia a la confrontación, no mencionar el proceso electoral puede interpretarse como una estrategia para evitar compromisos explícitos o para reducir el escrutinio público.

A ello deben sumarse cuestiones como que en este momento ningún candidato supera el 10% de intención de voto y que el 56.5% del electorado está indeciso o votaría en blanco/nulo, reflejando una nítida crisis de representación.

No debe olvidarse, además, que el escenario electoral ha sido negativamente alterado con decisiones, entre otras, como la eliminación de las elecciones primarias abiertas (PASO), que debilitan la participación ciudadana y favorecen a las cúpulas partidarias; las reformas que debilitan a los movimientos regionales y convienen a los presuntos partidos nacionales, así como las trabas impuestas a las iniciativas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que buscan que los directivos de partidos sean personas idóneas, sin condenas por delitos graves.

Por otro lado, tenemos otro factor central, que es la actual vigencia de la vacancia presidencial. Es cierto que doctrinariamente se ha considerado inconveniente vacar a un presidente en su último año de mandato, usando fundamentos políticos como constitucionales, entre ellos el principio de estabilidad institucional (vacar al Presidente en el último año de su mandato puede generar una crisis innecesaria, afectando la organización del proceso electoral y la gobernabilidad). Ello, además, de considerar la pertinencia de evitar el uso instrumental de la vacancia en contextos de alta conflictividad, porque puede convertirse en una herramienta de cálculo electoral, donde los partidos buscarían posicionarse para las elecciones venideras.

Es decir, la idea de no vacar en el último año no es explícita en la Constitución, pero si emerge, aparecería como una convención política para preservar una estabilidad conveniente a sus promotores, evitando que el Congreso se convierta en un actor desestabilizador.

En ese sentido, se trata de una doctrina de prudencia institucional, más que de una norma jurídica. Así, no hay inmunidad temporal y la presidenta puede ser vacada en cualquier momento de su mandato si se cumplen las causales constitucionales. Por otro lado, es un acto político y no judicial, porque si bien se basa en causales objetivas, la vacancia es decidida por el Congreso y puede estar influida por las correlaciones de fuerza y la coyuntura política.

Como vemos, el escenario electoral peruano rumbo a las elecciones generales de abril de 2026, se presenta como uno de los más fragmentados, inciertos y desafiantes de las últimas décadas. Sin embargo, que haya sido convenientemente suprimido a última hora del discurso de la gobernante, no significa que no esté en las consideraciones de esa derecha, cuyo único objetivo político es enlodar a más no dar el escenario electoral, para que su mantra preferido, fraude, tenga la muy remota posibilidad de tomar algo de forma.

 

desco Opina / 8 de agosto de 2025

¡Cállese, señora!

 

Acorazada con un manto de impunidad y descaro, Dina Boluarte dio inicio a las actividades protocolares en el marco de su último discurso por Fiestas Patrias. Ya muy temprano, el Cardenal Carlos Castillo le había recordado el porqué de su altísima desaprobación, dirigiendo un contundente mensaje contra esa clase política que ostenta hoy el poder y encarando, sutilmente, a la propia Boluarte. Describiendo a su gobierno y a la coalición que la sostiene en el Congreso como lo que realmente son: “ese espíritu mafioso, con actitud mandona y dictatorial”. Castillo logró, en pocos minutos, incomodar a quienes vienen destruyendo al país, al mismo tiempo que extendía su mano solidaria a ese pueblo consciente que viene exigiendo, de muchas formas, el respeto de los derechos de todas y todos los peruanos.

Desde temprano se conoció el extenso discurso que daría Boluarte bajo el nombre “Estabilidad, progreso y futuro para el Perú”. Fiel a su estilo, se presentó en el Congreso para dar cuenta, de los “logros” de su precaria gestión, a los sectores que la sostienen, señalando con tremenda arrogancia que su gobierno fue el salvador del orden democrático y la institucionalidad del país, al evitar, según ella, que se sumiera “en un indeseado vacío de poder con graves consecuencias”. Ello, pese a que meses antes, la revista The Economist, en su informe sobre el Índice de Democracia Global correspondiente al 2024, calificó al país como un régimen híbrido,. Y pese a que carga la responsabilidad por los más de cincuenta asesinados durante las protestas realizadas en contra de su régimen.

Boluarte no dudó en criticar duramente a Bolivia, Venezuela y Cuba; sí, aquellos gobiernos con los que decía coincidir hasta antes de colocarse la banda presidencial y a los que hoy llama “países fallidos” como un intento por congraciarse con la derecha que no duda en recurrir a este recurso para descalificar a cuanto personaje de izquierda haya en el país. Con mirada altiva y sonrisa desafiante, calificó de “traidores a la patria” a los miles de ciudadanos y ciudadanas, de distintas partes del país, pero sobre todo de las regiones del sur, que ejercieron su derecho a la protesta durante los últimos meses de 2022 e inicios de 2023, denunciando a quien se alineó, desde el primer minuto de su gestión, con los ideales del sector que perdió en las elecciones de 2021. Ese sector político al que, en más de una oportunidad acusó de corrupto y cómplice de los abusos cometidos durante la dictadura Fujimorista de los 90. Sus indecentes palabras provocaron el rechazo inmediato de congresistas que permanecían en el recinto parlamentario, como Ruth Luque, Wilson Quispe y Jaime Quito, que con voz en alto y mensajes escritos en pancartas y polos, rechazaron los calificativos que Boluarte pronunciaba sin remordimiento.

Su desparpajo fue tal, que no dedicó ni un solo minuto de sus más de cuatro horas de mensaje, a un mea culpa por las consecuencias graves que ha ocasionado su paso por el Palacio de Gobierno. No hizo ninguna referencia a las exigencias de la población por frenar el impacto del avance de la criminalidad organizada, ni mucho menos acerca de la imperiosa necesidad de medidas preventivas reales para la lucha contra la violencia que vienen sufriendo niñas, adolescentes y mujeres en distintas partes del país. Pese a autoproclamarse, por enésima vez, como la primera presidenta en 200 años de República y a embanderarse con las luchas de las mujeres, las mismas que vienen denunciando las políticas antiderechos que su gobierno ha impulsado y defendido con vehemencia de la mano con el Congreso.

Mientras Boluarte evidenciaba la desconexión institucional con la que gobierna el país, la Policía Nacional reprimía, sin reparo, a ciudadanos y ciudadanas que se desplazaban por las principales calles de Lima para rechazar a la clase política dirigente que ha agudizado las brechas de desigualdad en el país, denunciando su convivencia para blindar a los responsables de las violaciones a derechos humanos, no sólo de las cometidas durante el actual régimen, sino también las perpetradas durante el conflicto armado interno, lideradas por Fujimori y Montesinos. Un día antes de su discurso, se había realizado un acto simbólico de peregrinación hacia el Apu Usharu (Cerro San Cristóbal), en el que participaron familiares de los asesinados en las protestas de 2020, 2022 y 2023, así como ciudadanos y colectivos de derechos humanos, para exigir justicia, verdad y reparación.

Con un hemiciclo casi vacío, Boluarte terminó luego de más de 4 horas, y saltándose 15 páginas, su agobiante mensaje de autoelogio, dejándonos con ese sinsabor que nos provoca su sistemática retórica vacía. Su discurso pretendió desacreditar a quienes la rechazan ampliamente a donde quiera que vaya, razón por la cual prioriza sus viajes fuera del país.

Señora Boluarte, sus repetidos dichos y discursos de odio no podrán negar la altísima desaprobación que se ha ganado a pulso y que busca justificar a costa del bienestar de los millones de peruanos y peruanas que desean verla fuera de Palacio, asumiendo las consecuencias de sus erráticas decisiones. Es mejor que se calle.

 

 

desco Opina / 1 de agosto de 2025

El último mensaje de Dina

 Entre julio de 2024 y estos días del año 2025, Dina Boluarte ha procurado proyectar una imagen de estabilidad y gobernabilidad que resulte consonante con su anterior mensaje por Fiestas Patrias. Sin embargo, transcurrido un año más de su nefasto gobierno, más allá del guión triunfalista de quienes le escriben los discursos a la presidenta, el Perú real parece ir en otra dirección cuando nos informamos adecuadamente sobre lo que ocurre.

La actual administración ha logrado mantener en funcionamiento algunas líneas de gestión pública, en medio de manejos no muy transparentes, reactivar a medias obras paralizadas, y adherirse al crecimiento de la minería, el turismo y la agroexportación, sólidos por los precios y las dinámicas internacionales, pero frágiles por su fuerte dependencia extranjera. Ha procurado también reforzar vínculos con actores regionales clave, como son Estados Unidos y Brasil, así como intentar avances en el proceso de adhesión a la OCDE, sin mostrar resultados significativos.

Todos estos logros, de dudoso alcance estructural, quedan largamente ensombrecidos por un proceso paralelo de debilitamiento progresivo de las instituciones democráticas, la creciente concentración del poder y una deriva autoritaria, acompañada de una frivolidad que no hemos conocido antes, que pone en riesgo la viabilidad misma del pacto republicano fundado hace más de doscientos años. Parece ser el fin de un período y que en medio del desorden se aproximan tiempos nuevos del tipo reforma constituyente, aunque otros denominan de distintas maneras a la necesidad de refundación nacional.

Desde su asunción al poder en diciembre de 2022, Boluarte, en medio de su precariedad personal, ha buscado consolidarse no como figura de transición, que sin ninguna duda lo es, sino como lideresa de un proyecto sostenido, que ha encontrado sustento en las alianzas frágiles y pragmáticas pactadas con ella. Estas alianzas le han permitido resistir múltiples cuestionamientos por la violación a los derechos humanos a inicios de su gobierno, así como a varias investigaciones fiscales por corrupción. Todo en medio de una persistente e histórica desaprobación y rechazo que roza con el cero por ciento estadístico.

A cambio, el gobierno ha cedido –sin ninguna vergüenza– en aspectos fundamentales del equilibrio democrático. La cooptación de la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público, junto con la aprobación de normas regresivas en materia ambiental, educativa y cultural, reflejan una agenda orientada a desmantelar totalmente los mecanismos de control y de participación ciudadana. La reforma política –necesaria para enfrentar la crisis del sistema de representación– ha sido sistemáticamente postergada o distorsionada.

La narrativa de orden impuesta por el Ejecutivo, sustentada en un discurso de lucha contra la delincuencia y de fortalecimiento de la autoridad, ha servido para medidas de excepción y operativos militares-policiales desproporcionados como los realizados en Pataz o en Sicuani. Ha normalizado el estado de emergencia como herramienta de gestión cotidiana, particularmente en regiones que demandan mayor inversión y presencia del Estado. Continúa descuidando temas de servicios básicos, cuidados de salud, medicamentos y vacunas, educación de calidad, y se limita a la inauguración de nuevas infraestructuras en medio de una represión latente y sostenida.

En el plano internacional, el aislamiento diplomático del gobierno se ha ido revirtiendo en beneficio de una política exterior poco soberana, de alineamiento con los intereses geopolíticos más conservadores y la automarginación descolocada de espacios como la CELAC o la UNASUR. Mientras tanto, la retórica hacia afuera sigue siendo la de una restauración democrática –inexistente y mentirosa–, que contrasta con la política interna de mayor exclusión y criminalización del disenso. El uso recurrente del estado de emergencia en regiones como Puno, Cusco, Piura o La Libertad se ha convertido en práctica administrativa habitual. El país necesita estabilidad, sin duda, pero una que no sea sinónimo de silenciamiento de derechos y escasez de justicia.

Menos aún de retroceso a relaciones que corresponden al pasado. La cooptación de instituciones autónomas como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, así como la designación discrecional de personajes mediocres en sectores clave como educación, justicia o fiscalización, desnudan una captura progresiva del Estado.

Se necesita una reconstrucción de la confianza en el Estado, particularmente en territorios históricamente marginados, donde la ausencia de derechos no puede seguir siendo compensada por la única presencia de cuarteles.

El mensaje de Dina Boluarte, más que una rendición de cuentas del trabajo del Poder Ejecutivo, será seguramente una afirmación de poder, de un poder prestado, rindiendo cuenta a quienes la mantienen. Pero, más grave aún, ese poder que se ejerce sin consentimiento popular claro ni control institucional efectivo, puede terminar socavando los cimientos de lo que aún nos queda de república. La historia muestra que la estabilidad sin legitimidad es siempre efímera. Lo que se presenta como calma puede ser apenas la antesala de una nueva ruptura, si no se recompone el vínculo entre Estado y sociedad.

Recuperar la democracia implica ir más allá de los equilibrios de poder: requiere reconstruir confianza, abrir canales de participación real y garantizar derechos a todos los peruanos y peruanas en todo su territorio.

 

desco Opina / 25 de julio de 2025 

Derechos, concesiones y protestas

 

La minería informal en Perú no es un fenómeno reciente, pero su visibilidad y expansión han alcanzado un punto crítico los últimos años, no solo por los enfrentamientos violentos entre sus pares, sino también por los crímenes sangrientos perpetrados por la delincuencia en las mismas zonas de explotación, además de las frecuentes protestas.

Desde finales de junio, los mineros informales han organizado bloqueos y paros en corredores estratégicos en el norte y el sur del país, exigiendo por cuarta vez la prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y cambios en el régimen de formalización. Con esta medida presionaron al Congreso para que se apruebe la ley que regula el régimen especial para la pequeña minería, minería artesanal y minería tradicional (Ley MAPE). La dilación del paro obligó a la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República a revisarla al término de la primera semana de julio. Sin embargo, el predictamen no alcanzó los votos necesarios para su aprobación y el proyecto quedó reprogramado para su discusión en una próxima legislatura.

Durante la tercera semana de protesta, la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin Perú) hizo una tregua para facilitar el diálogo con la Presidencia del Consejo de Ministros. Confemin exige la devolución de los Reinfo a 50 000 mineros, que en la víspera fueron excluidos del proceso. En este punto hay que precisar que el proceso de formalización de este sector inició en el 2012 y que, desde entonces, no ha logrado los objetivos esperados, permitiendo que muchos mineros ilegales se capitalicen sin que sean sancionados debido a que su proceso de formalización estaba en curso.

Hay que recalcar que en este conflicto convergen intereses legítimos de supervivencia económica y derechos territoriales de varios grupos poblacionales que han sido largamente olvidados por el Estado, y que han visto en la pequeña minería (formal, informal, comunal, pero también en la ilegal) una puerta para salir de la pobreza, sin prever los altos costos que esta actividad y las condiciones en las que se realiza, genera para su salud y la vida misma. Esta realidad no niega el impacto que esta actividad tiene sobre los derechos de otras poblaciones también olvidadas y que requieren de una respuesta expeditiva del Estado, a fin de contrarrestar los graves daños ambientales provocados por los relaves, el uso de dragas, quimbaletes y químicos que contaminan sus tierras y el agua que usan para sus actividades productivas. Ejemplo de ello son La Rinconada en Puno y diferentes lugares de Madre de Dios, una de las regiones más afectadas por esta actividad ilegal.

Si bien este gobierno no tiene ni la capacidad ni las ganas de solucionar este problema desde la raíz, es decir resolviendo problemas estructurales, sí podría comenzar por revisar el marco legal de las concesiones mineras, que es una de las demandas de la Confemin y uno de los escollos para la efectividad del proceso de formalización.

Según datos de CooperAcción, el 15,5 % del territorio nacional –cerca de 20 millones de hectáreas– está concesionada a titulares formales (generalmente a la mediana y gran empresa) que, por un pago de derecho de vigencia que varía entre los US$ 0.5 y US$ 3 mensuales por hectárea, pueden mantener esa titularidad por un tiempo indeterminado. Esto ha permitido que por muchos años estos “propietarios” realicen convenios con mineros informales para que exploten sus concesiones a cambio de una cantidad de dinero o un porcentaje de lo que extraigan. Con el inicio de la formalización, el gobierno solicitó como requisito a los informales, la oficialización de esos convenios en contratos que en muchos casos no se lograron concretar. Sin tierra no hay actividad que formalizar. De allí que, de los 84 000 mineros inscritos en el Reinfo, solo el 2.4% haya logrado formalizarse.

Así las cosas, las protestas recientes no son solo expresiones desesperadas; revelan la crisis profunda de un modelo extractivo que excluye y genera inequidad territorial. Mientras miles de hectáreas están ya aseguradas por empresas formales, un sector amplio de mineros artesanales sigue excluido del sistema, expuestos a la vulnerabilidad legal y la coerción de actores criminales.

El Estado extiende concesiones, pero carece de mecanismos eficaces para garantizar la conexión entre concesiones grandes y la minería artesanal, informal o comunal. Además, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) ha demostrado que ha sido poco cuidadoso al aprobar concesiones, superponiéndolas a otros derechos territoriales, como los comunales o zonas de amortiguamiento de reservas naturales. Apurímac es un ejemplo de ello, una de las regiones con más territorio concesionado (56%) y en donde los conflictos no cesan entre las comunidades y las grandes empresas.

Nuestro país necesita transitar hacia un modelo más inclusivo, ordenado y equitativo. Aunque suene bastante discutible, es necesario una reforma del Reinfo, pero con un saneamiento territorial serio que permita identificar las concesiones ociosas y a los titulares que han abusado de los “convenios” de la mano con los informales, recibiendo cómodamente pingües ganancias, pero invirtiendo solo en los derechos de vigencia, sin que les importe si se explota gente, si se contamina o si se fomenta en zonas aledañas la trata de personas. Se necesita simplificar los procesos de formalización para la minería informal, pero sin precarizar los controles ambientales ni dejar expuestas zonas con ecosistemas frágiles como en la selva. Hacer minería en los ríos de nuestra Amazonía no es un asunto negociable, en especial por la poca capacidad que ha demostrado el Ejecutivo para el control de la actividad en territorios intangibles.   

El Estado enfrenta un dilema: mantener la inviolabilidad de las concesiones –en la que creemos ha perdido capacidad– o reconfigurar el marco concesional para incluir a la pequeña minería como aliada estratégica. La respuesta se cae de madura, solo hace falta decisión política. Quedan cinco meses y medio para cerrar el proceso de formalización y que los informales pasen a engrosar la fila de los ilegales.

 

 

desco Opina – Regional / 18 de julio del 2025

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